La vocera de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, ACADES, conversó con Hormigón al Día sobre la actualidad de la industria desaladora en Chile, una que en los últimos años viene experimentando un crecimiento de la mano de estrategias impulsadas por el sector minero, como también, la vinculación con otras industrias para desarrollos más sostenibles y eficientes en un sector que cobra cada vez más relevancia, debido a la crisis hídrica que afecta a la zona centro-norte del país.
El fenómeno de la “megasequía” en nuestro país, y que abarca desde la Región de Coquimbo hasta la de La Araucanía, se viene estudiando de manera sistemática. Existe, entre otros documentos que analizan esta problemática, el reporte del Center for Climate and Resilience Research que da cuenta de la evolución del fenómeno entre los años 2010 y 2019, con un primer informe entregado el año 2015 al gobierno de la época. Así, las sucesivas administraciones iniciaron el desarrollo de distintas estrategias para combatir sus efectos tanto en el consumo humano como también, en actividades productivas esenciales.
Entre las estrategias, la idea de utilizar el agua de mar y desalarla -lo que se conoce como proceso de desalación- es algo que particularmente en Chile, dada su extensa línea costera, siempre está sobre la mesa. Por ejemplo, es posible encontrar experiencias que van en esta línea a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con plantas desaladoras instaladas en la Región de Antofagasta, de las que se tienen información limitada dada la escasez de papers que documentaran su proceso.
Por el contrario, de la que sí se tienen datos es de la planta desaladora que la empresa sanitaria de la Región de Antofagasta, Aguas Antofagasta, instaló en 2003, que abastece -de acuerdo con un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional- el 85% de agua potable de la capital regional – y a partir del 2026 abastecerá al 100%- y el 100% del agua de la comuna de Mejillones. En 2021, entra en funcionamiento la planta de Tocopilla, que abastece con agua potable a los más de 20.000 habitantes de dicha ciudad del norte de nuestro país.
El crecimiento y desarrollo de la industria desaladora trae aparejados varios ítems: desarrollo de infraestructura, impacto en distintos sectores productivos del país y, lo más importante, la posibilidad de asegurar el consumo humano en regiones cuyo estrés hídrico es alarmante. “Necesitamos nuevas fuentes de agua”, subrayó Cristina Pardo de Vera, economista de la Universidad de Compostela, con una maestría en Desarrollo de Infraestructura y Servicios Públicos de la Universidad Politécnica de Madrid, y actual vicepresidenta de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso, ACADES.
Avances y desafíos legislativos para la industria desaladora
En 2023, ACADES, presentó un catastro (que se encuentra en proceso de actualización) que da cuenta de 24 plantas desaladoras a lo largo de Chile, con la mayoría concentradas justamente en las regiones de Antofagasta y Atacama. “Estimamos que alrededor de un 80% del agua que se trata en esas plantas, se emplea en la industria minera”, comentó la vicepresidenta de la Asociación, a propósito de esos datos.
En ese sentido, agregó, a propósito de que el grueso del agua generada por la industria desaladora se utilice principalmente en el sector minero, que “ACADES está preocupado de que, efectivamente, podamos generar nuevas fuentes de agua. Además, porque eso impacta en cualquier actividad humana y eso incluye cualquier industria”.
Dado el crecimiento de esta industria -y la necesidad de nuevas fuentes hídricas para el consumo humano en las regiones afectadas por la megasequía- es que, en 2018, los senadores en ejercicio en ese entonces: Alejandro Guillier, Isabel Allende, Felipe Harboe, Adriana Muñoz y Jorge Pizarro, presentaron un proyecto de ley “Sobre uso del agua de mar para desalinización” -que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado- para entregar un marco regulatorio a la actividad y se ajuste a las necesidades del sector. Este proyecto, que se tramitó en la Comisión de Recursos Hídricos, resultó en un importante primer paso para la industria y así lo reconocen en ACADES.
Sin embargo, las indicaciones presentadas en octubre de 2024 al proyecto de ley “Administración del borde costero y concesiones marítimas”, de autoría conjunta entre los ministerios de Defensa, Economía, Turismo y Fomento, Hacienda y Obras Públicas, que, entre otras modificaciones, traspasa la entrega del permiso de concesiones de esas zonas desde las Subsecretaría de Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales, además de incorporar la intervención de la Dirección General de Aguas, DGA, en aras de acelerar los permisos para este tipo de proyectos, no van en la dirección adecuada, explica Pardo.
¿Cuáles son las preocupaciones que tiene ACADES respecto a las modificaciones a este proyecto de ley en particular?
-Para el desarrollo de esta industria, que la concesión marítima de desalación se otorgue como un permiso único es muy positivo. Sin embargo, estamos muy preocupados con el contenido de esa ley porque no hace sino complejizar todavía más la cantidad de permisos o de etapas por las que tiene que pasar un proyecto de desalación. Además, no se diferencia entre proyecto pequeño y proyecto grande, y otorga una discrecionalidad muy grande a la Dirección General de Aguas.
En ese sentido, la vicepresidenta de la Asociación subraya que, de acuerdo con las indicaciones, la DGA tendría que “coordinarse con otros ocho ministerios, lo cual hace absolutamente engorroso la entrega de la concesión y creemos que eso va a significar todavía más demora en los proyectos que, hoy por hoy, ya se demoran en torno entre 6 y 10 años en desarrollarse”.
¿Cobra sentido para ACADES que, por una parte, el MOP apueste por dinamizar la construcción de plantas desaladoras vía ley de concesiones, mientras que por el otro lado se genere esta incertidumbre?
-Pareciera que el objetivo no es el mismo. O sea, no es coherente que, por un lado, el Ministerio de Economía esté tratando de reducir los plazos en un 30% para los permisos de grandes proyectos; no olvidemos que aquí el gran objetivo es incentivar inversiones y luchar contra la crisis hídrica, ese es el objetivo primordial y hacerlo en el contexto de urgencia en el que nos encontramos, no se pueden hacer leyes tan complejas porque entonces estamos yendo en contra de lo que el país entero ha consensuado, que es crecer y mejorar las condiciones en que la gente vive y desarrolla sus actividades.
Para la representante de ACADES, el proyecto de ley -que de acuerdo con el sitio web de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el 21 de octubre de 2024 se encuentra en segundo trámite constitucional, en el Senado- con estas modificaciones, no sólo tendría un impacto en la industria de las desaladoras, sino también, a otras áreas productivas.
“La desalación en sí misma, además de ser una actividad económica que genera puestos de trabajo, que desarrolla proyectos de impacto económico, además, repercute directamente en el consumo de agua, y en el día a día del ser humano”, comentó.
“Ojo -subraya- aquí en la industria nadie quiere no respetar las reglas del juego, pero estas deben de estar claras y como industria vemos que esto se está complicando cada vez más”. En esa misma línea, explica que, en esta materia, la posición de ACADES es clara: concentrarse en que “los proyectos de desalación y reúso tengan un marco regulatorio adecuado para que se puedan ejecutar. Si eso no sucede, nos privamos de nuevas fuentes de agua para un país donde no va a llover suficiente y cuando lo haga, será de una manera más torrencial, de manera que no vamos a poder embalsar toda esa agua y, por lo tanto, vamos a seguir teniendo el problema de macrosequía, que es estructural”.
Planta desaladora en Coquimbo: Un hito que se observa con cautela
En septiembre de 2020, se inició el desarrollo de la iniciativa denominada “Planta desaladora de la Cuarta Región de Coquimbo”. El proyecto, que considera la construcción y operación de una planta desaladora ubicada en el sector El Panul, tiene por objetivo “el abastecimiento del agua potable para el consumo humano de las comunas de Coquimbo y La Serena, con potencial expansión hacia otros sistemas”, menciona la información de la Dirección General de Concesiones del MOP en su sitio web.
Esta planta, cuyo anuncio de licitación se realizó se realizó en enero de 2024 en la ciudad de Coquimbo, beneficiará a una población estimada de 460.000 personas, transformándose en la planta desaladora para consumo de agua más importante del país.
La importancia de esta planta -cuyo estudio de impacto ambiental se acogió a finales del mes de octubre- radica en que será la primera que operará bajo el marco regulatorio impulsado en 2018, que permite que operen bajo concesión. “El hecho de que sea la primera planta desaladora concesionada en Chile abre una puerta muy importante para el país. Podría tratarse de algo histórico si se hace bien”, subrayó Pardo de Vera.
A juicio de ACADES, ¿qué permitiría una planta desaladora desarrollada bajo el modelo de concesiones?
-Al igual que fuimos capaces de desarrollar toda una industria y un desarrollo económico alrededor de las autopistas concesionadas, esto es mucho más trascendente, si se le puede catalogar así, porque podría ser la primera de muchas plantas desaladoras multipropósito, y eso es muy importante, que el concepto multipropósito se integre a este tipo de plantas.
Precisamente, ese calificativo es relevante para la Asociación ya que una planta desaladora multipropósito es aquella que, como su nombre lo indica, destina el recurso hídrico a varias fuentes. Un ejemplo es la desaladora que el grupo minero CAP instaló en la Región de Atacama y que inició su operación el año 2014. Esta planta, que genera 400 litros por segundo, destinó en 2020 el 18% de su producción al consumo humano, el 44% al regadío y el resto, a la actividad minera.
Dado que, como señala el catastro hecho por ACADES, el grueso de las plantas desaladoras en Chile se concentra en el norte grande del país y que, explica la vicepresidenta de la Asociación, el sector minero está en “un nivel de reúso del recurso hídrico que alcanza un 74%”, el que la planta desaladora de la Región de Coquimbo se utilice para consumo humano, será vital para la actividad agrícola, esencial en esa zona del país y que, dice Pardo, representa un 80% del consumo de agua.
“Este proyecto considera 1.200 lts/seg para dotarlo al sistema sanitario. Con eso, libera el recurso de los embalses que existen en la región (La Paloma, Puclaro) y con ello, los agricultores evidentemente no sufren esa presión tan grande sobre el recurso, en especial, con los derechos de agua que ya tienen adquiridos”, comentó.
¿Basta con que esta planta, que es un proyecto estrella, si se quiere, se sume al sistema?
-Todavía no. La Cuenca del Limarí todavía sufre mucho y va a seguir sufriendo, por lo tanto, habría que pensar en, quizás, otra planta desaladora en esa cuenca. Siempre hay que pensar en la fuente de agua como una dotación adicional para la cuenca, para respetar el cauce natural de esta y enriquecerla en épocas de crisis. Por lo tanto, siempre el recurso hídrico ha de mirarse desde una perspectiva de las cuencas, en eso también se ha avanzado.
Infraestructura e industria del hormigón: ¿Un futuro aliado?
El que sea el sector minero el que concentre la mayor capacidad de plantas desaladoras no es casualidad ya que, a nivel de infraestructura, una instalación de este tipo supone una inversión no menor. “Si pensamos en una planta como la de Coquimbo, que estamos conversando y que se trata de una planta grande, se están proyectando alrededor de USD 300 millones. Sin embargo, es muy difícil dar un dato de inversión ya que existen varios ratios. A nivel internacional, por ejemplo, el costo de agua desalada está entre los USD 0,5/m3 hasta USD 2/m3”, comentó.
A nivel de infraestructura y construcción, una planta desaladora presenta varios desafíos. Por una parte, explica Pardo, el sistema puede instalarse ya sea dentro de una nave industrial o al aire libre, “incluso puede estar soterrada”, explicó. La complejidad radica en el transporte del agua; los sistemas de bombeo y de tuberías son los que elevan los costos “por la geografía que tenemos en Chile, que hace que haya que bombear agua a más de 100 kilómetros o a 4.000 metros de altura, en el caso de la minería, y que hace que entre el 60% y el 80% de la inversión sea en el transporte”, explicó.
Imagino que, por este motivo, es que es el sector minero concentra el grueso de estas instalaciones.
-Justamente. Piensa que el hecho de no producir, en un día, el cobre que exportamos es tan relevante para Chile y para la industria minera, que estaríamos hablando de pérdidas de cientos de millones de dólares diarios. Desde luego, eso compensa cualquier inversión que, en este caso, es bastante elevada y la capacidad minera todavía se puede resistir a este tipo de inversiones.
Además, destaca Pardo, el propio sector de la minería ya viene avanzando respecto a la reducción del uso de fuentes hídricas continentales, estableciendo metas claras en la Política Nacional Minera 2050. “Para el año 2019, el sector se fijó metas de reducción de un 25% del uso de fuentes continentales, un 10% al año 2030 y realmente, va en camino a conseguirlo”, puntualizó.
¿Aspectos como la ubicación de la planta o la tecnología de desalación también influyen en la inversión en infraestructura para plantas desaladoras, además del transporte del agua?
-Todos esos factores influyen, qué duda cabe. La ubicación, evidentemente cuanto más cerca de la costa, también es más eficiente, pero no siempre es posible instalar la planta muy cerca de la costa. Entonces, se puede alejar de la costa todo lo que queramos, pero indudablemente influye en el monto de inversión. Y la tecnología, bueno, estamos hablando de una tecnología que nació aproximadamente el año 1965 en el caso de España y que desde esa época ha venido eficientándose en un 1.000%, abaratándose con ello. Por lo tanto, es una tecnología que no deja de evolucionar y que estamos seguros de que, dentro de unos años, será muchísimo más barato desalar.
Sin embargo, enfatiza, dadas las características geográficas y aerográficas de Chile, es que el grueso de la inversión en el país corresponde a los ductos de transporte. “Por eso en ACADES también promovemos desarrollar sistemas de transporte eficientes. Qué significa eso: que la misma infraestructura -en este caso, los ductos de transporte de agua- pueda ser utilizada por varias desaladoras y para varios puntos de destino”.
“Sin embargo -agregó- estamos un poco lejos de eso todavía porque tendría que haber una conversación al máximo nivel para coordinar todos estos esfuerzos y, sin embargo, la necesidad hace que se desarrollen de manera independiente cuando a lo mejor lo óptimo sería conectar las redes de transporte a nivel estatal”.
Y dentro de este cuadro, ¿de qué manera ven posible la integración de otros sectores productivos, por ejemplo, la industria de la construcción con hormigón?
-La industria del cemento y del hormigón tiene soluciones eficientes que los proyectos de desalación también tienen que considerar para generar proyectos cada vez más eficientes, cada vez más sostenibles y más en sintonía con el medioambiente y con la sociedad. Y en eso, la industria del hormigón y del cemento tienen mucho que decir.
“Hemos estado revisando sus últimos números”, puntualizó la vicepresidenta de ACADES. “En especial, aquellos asociados precisamente a la eficiencia y a la sostenibilidad y bueno, eso es algo que en la Asociación tenemos muy en cuenta. Siempre trabajamos con la academia, con el mundo privado, en incorporar tecnologías de la construcción, que en su sector conocen mejor que nadie, para incorporarlas en los proyectos de desalación que se desarrollan”, agregó.
¿Qué aspectos ven en la industria del cemento y del hormigón que podrían ser relevantes para el desarrollo de la infraestructura necesaria en su sector?
-En la actualidad, la resiliencia juega un rol muy relevante en la nueva infraestructura. Estamos hablando de una infraestructura que tiene que resistir a eventos extremos como tsunamis. Siempre hablamos de plantas por encima de los 30 metros de altitud, por ejemplo, y hay que considerar este tipo de aspectos en el desarrollo de la nueva infraestructura. En ese sentido, la industria del cemento y del hormigón siempre está a la vanguardia en lo que respecta a resiliencia, eficiencia y sostenibilidad.
Otro de los campos en los que la industria del cemento y del hormigón puede vincularse con la industria desaladora es en la reutilización de salmuera como árido para la producción de hormigones. “Es algo factible y que, entendemos, con el adecuado desarrollo sí se podría aplicar en varios ámbitos”, comentó Cristina Pardo. En ese sentido, agrega que desde ACADES siempre se están recogiendo “todos los avances en ese aspecto”.
¿Por qué es importante este tema para la industria desaladora? La salmuera es un subproducto que se genera a partir de la desalación y que corresponde al agua con mayor contenido salino. La disposición de este subproducto y su impacto en el ecosistema marino es un tema que siempre ha generado controversia sobre la implementación de esta tecnología en las costas del país.
Cristina Pardo de Vera comentó al respecto que “existen ya varios estudios donde se señala que, haciendo las cosas correctamente, el impacto, que ya hemos demostrado en muchas desaladoras, aquí mismo en Chile, es prácticamente negativo. Es muy importante decir eso porque siempre ha rondado ese mito sobre el daño que generaría sobre el ecosistema la salmuera”.
La vocera de ACADES subraya que la legislación chilena, en ese punto, coloca elevadas exigencias, por lo que “no es aleatorio que una industria pueda o no pueda aplicar estos altos estándares medioambientales en torno a la salmuera. Pero insisto, las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de manera responsable y técnicamente es perfectamente factible (reutilizar la salmuera como árido para la producción de hormigón), lo que sí, debe hacerse siguiendo los más altos estándares”.
En esa línea, Pardo de Vera recalcó que ACADES es una asociación que mantiene diálogo permanente con otros sectores. “La Asociación siempre tiene abierto el canal de diálogo con todos los actores, generando mesas de trabajo, para recoger todos esos avances que son tan relevantes para el futuro de proyectos sustentables y resilientes”, enfatizó.
Proyecciones de la industria desaladora en Chile
Para ACADES, el desarrollar infraestructura que permita asegurar nuevas fuentes de agua va mucho más allá de la mera actividad económica. “Nuestro objetivo es generar nuevas fuentes de agua para darle seguridad hídrica a Chile y evidentemente, dotar de agua a las generaciones futuras. Esa es nuestra premisa”, enfatizó.
En ese aspecto, el impacto que tendría la industria desaladora a futuro tiene directa relación con el desarrollo de políticas públicas a largo plazo. “Que la minería, como te comentaba antes, utilice un alto porcentaje de agua desalada para sus operaciones es un avance importantísimo en materia de sostenibilidad. Sin embargo, faltó prever esa necesidad para dotar de agua también a otras industrias y, por supuesto, al consumo humano y la agricultura. No olvidemos que la agricultura consume el 80% del agua que se requiere”, recalcó.
En ese sentido, ¿cómo ve el desarrollo a futuro de la industria, especialmente con la cantidad de proyectos que se evidencian en carpeta?
-Bueno, debiera ser exponencial por la necesidad, por el riesgo al que nos enfrentamos y también, por la conciencia de sostenibilidad que todas las industrias están adoptando para liberar, de alguna forma, el recurso hídrico continental. Existe un consenso en eso, sin embargo, va a depender de la adecuada regulación que esto pueda llevarse a cabo y del seguimiento riguroso de los proyectos.
La vocera de ACADES añade que, en la medida que los procesos de evaluación también se generen de forma fluida y que las coordinaciones interministeriales propicien la reducción de los plazos, la instalación de plantas desaladoras como parte de una estrategia general para mitigar la crisis hídrica tendrá mayor impacto, especialmente “cuando hay una necesidad tan evidente por parte de la población”.
“En ese sentido, apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores de, por favor, revisar esas propuestas del proyecto de ley, en el sentido de hacerlo eficiente. Es responsabilidad del estado otorgar a la ciudadanía de un marco regulatorio estable, responsable, pero también, eficiente”, puntualizó.
